Quito, Ecuador. – En menos de 24 horas, Ecuador excarceló y deportó a más de 700 presos colombianos desde distintos centros penitenciarios, en lo que Colombia califica como una deportación masiva realizada sin acuerdos bilaterales ni protocolo legal adecuado.
La Cancillería colombiana expresó una protesta formal ante Quito, denunciando que las expulsiones se efectuaron de forma unilateral y sin coordinación, lo que impidió verificar la identidad de los detenidos y garantizar su situación jurídica.
Por su parte, las autoridades ecuatorianas aseguran que no se trata de deportaciones colectivas y que el proceso se llevó a cabo mediante resoluciones judiciales individuales y boletas de excarcelación, con notificación previa desde el 8 de julio a Colombia.
Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos. pic.twitter.com/CpGd4d617y
— Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) July 26, 2025
La gobernadora de la provincia de Carchi, Diana Pozo, confirmó que el traslado se realizó a través del puente binacional de Rumichaca, aunque reconoció que no fue coordinado desde Bogotá y que Colombia no contaba con un plan de contingencia para recibir a los connacionales en la frontera.
Colombia acusa a Ecuador de violar principios del derecho internacional al no garantizar condiciones seguras y respetuosas para los deportados, a quienes no se les realizó identificación plena ni se analizó su estatus legal.
Ecuador nos responde con desdén. No está bien; la patria de Manuelita Saénz, puede acercar y no alejar.
El proyecto grancolombiano de Bolívar que podría tener otro nombre, por ejemplo: amazonía, es el corazón vital del mundo, y, por tanto, no debe dividirse.
Si la grancolombia…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 26, 2025
En cambio, Quito sostiene que la deportación cumple con normas y procedimientos internos, que incluye audiencias individualizadas y evaluación jurídica caso por caso, descartando cualquier práctica de expulsión masiva.
El Gobierno colombiano ya evalúa posibles acciones diplomáticas para responder al hecho, mientras movilizó a equipos interinstitucionales para atender la recepción de los deportados y garantizar su asistencia sanitaria y legal.
