El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una controvertida campaña de contratación masiva para reforzar el control migratorio. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha anunciado que ofrecerá bonos de hasta 50.000 dólares a quienes se alisten como nuevos agentes para detener a migrantes irregulares.
La medida forma parte de un plan agresivo del Departamento de Seguridad Nacional para ampliar significativamente las operaciones del ICE, con el objetivo de alcanzar hasta un millón de deportaciones anuales. Se espera que al menos 10.000 nuevos empleados se incorporen en los próximos meses.
Los incentivos económicos buscan atraer a candidatos rápidamente, especialmente en un contexto en el que la migración irregular ha aumentado en la frontera sur del país. Las funciones incluirán desde tareas administrativas hasta patrullas fronterizas y operativos de detención.
Según un portavoz del ICE, el bono de 50.000 dólares se entregará en dos tramos: «uno al momento de completar el entrenamiento básico y otro tras 12 meses de servicio activo«. También se han anunciado beneficios adicionales como seguros de salud, vivienda subsidiada y formación continua.
HIRING BONUSES UP TO $50,000!
ICE’s Office of the Principal Legal Advisor is the federal government’s most prestigious legal division, and you can be part of it.
We’re currently offering hiring bonuses up to $50,000, and you can earn a six-figure salary representing the… pic.twitter.com/QVpn3hw3LP
— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) July 31, 2025
La iniciativa ha generado reacciones divididas. Mientras sectores conservadores aplauden la medida como necesaria para proteger la soberanía nacional, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por el enfoque punitivo y la posibilidad de que se vulneren los derechos de los migrantes.
Grupos defensores de migrantes temen un aumento en las redadas indiscriminadas y en las detenciones prolongadas, especialmente en comunidades latinas. Además, advierten sobre la falta de supervisión y transparencia en la aplicación de políticas migratorias más agresivas.
Por su parte, el gobierno ha defendido la decisión alegando que se trata de una estrategia “para hacer cumplir las leyes migratorias vigentes de manera más eficiente” y que los nuevos agentes recibirán formación ética y legal sobre derechos humanos y procedimientos adecuados.
