Lima, Perú. Las protestas en Perú contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ceden y continúan marcando la agenda política y social del país. Miles de ciudadanos se han movilizado en Lima y en diversas regiones del interior exigiendo la renuncia de la mandataria, la convocatoria a nuevas elecciones y una reforma profunda del sistema político.
Las manifestaciones, que llevan varios días consecutivos, se han visto acompañadas de bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias y enfrentamientos aislados con las fuerzas del orden. En ciudades como Puno, Cusco y Arequipa, los paros regionales han paralizado actividades económicas y de transporte.
¡Cobardes de mrd! La PNP hace uso de fuerza desmedida en la protesta en la Av. Abancay en el Centro de Lima.#MarchaNacional #DinaAsesina #CodigoNepal pic.twitter.com/W3Y41rR3mY
— J (@ungatoherido) September 22, 2025
Desde el Gobierno, Boluarte ha respondido con llamados al diálogo. La presidenta defendió su legitimidad en el cargo, asegurando que su gestión busca estabilidad institucional y crecimiento económico. Sin embargo, advirtió que no tolerará actos de violencia ni disturbios que pongan en riesgo a la población.
El primer ministro y varios ministros de Estado también se pronunciaron, reiterando que el Ejecutivo mantiene abiertas las puertas para el diálogo con las organizaciones sociales y gremiales. Al mismo tiempo, justificaron la presencia de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en los operativos de control.
Por su parte, colectivos ciudadanos, sindicatos y asociaciones estudiantiles han insistido en que la salida de Boluarte es la única salida posible para recuperar la confianza en las instituciones. Algunos líderes sociales sostienen que la crisis política responde a un sistema “agotado” que ya no representa a la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo ha emitido reportes diarios alertando sobre los riesgos de escalada de violencia y llamando tanto al Ejecutivo como a los manifestantes a garantizar que las protestas se desarrollen de manera pacífica. Organismos internacionales como Amnistía Internacional han recordado al Estado peruano su obligación de respetar los derechos humanos.
En paralelo, sectores empresariales expresaron su preocupación por el impacto de las protestas en el turismo, el comercio y la inversión extranjera. El gremio hotelero advirtió que cancelaciones masivas ponen en riesgo miles de empleos en regiones altamente dependientes del flujo turístico.
Mientras tanto, las calles continúan siendo escenario de movilizaciones masivas. La incertidumbre política sigue creciendo y todo apunta a que el desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad del Gobierno y la oposición de construir un acuerdo que devuelva la confianza a los peruanos.
