Lima, Perú. – El Congreso de Perú aprobó, hace unas horas, la destitución exprés de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una crisis social y violencia generalizada que ha sacudido al país. La mandataria ya había sido citada para que defendiera su cargo, pero rechazó acudir al Parlamento al tildar el proceso de “inconstitucional”.
La decisión surgió tras la votación de cuatro mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente”, impulsadas principalmente por partidos de derecha y el fujimorismo que hasta ahora habían respaldado a Boluarte. Fue un trámite acelerado, que se activó frente al creciente malestar ciudadano.
Parte del detonante fue el clima de violencia: semanas de protestas, enfrentamientos con fuerzas de seguridad, y un reciente atentado contra una agrupación musical que conmocionó al país. En ese contexto, la presión política y social se volvió insostenible para la mandataria.
🔴 URGENTE: Atentado armado contra el grupo Agua Marina durante concierto #UltimaHora #Urgente #LoUltimo #Lima #Peru pic.twitter.com/yTMTOgWTi5
— Alerta News Perú (@AlertaNewsPeru) October 9, 2025
Boluarte asumió la presidencia tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, pero su gestión estuvo marcada por crisis constantes y una capacidad limitada para contener el descontento popular. En más de una ocasión se le criticó por no conectar con el sentir ciudadano y su estilo de gobierno pasó desapercibido frente a los conflictos.
En el voto decisivo participaron bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otras alianzas que se sumaron al pedido de vacancia. De esta manera, quienes antes la mantenían “a flote” ahora voltearon decisión.
Como presidente interino asumirá José Jerí, jefe del Congreso, un personaje que ya arrastra denuncias y cuestionamientos de legitimidad. En el Perú, la credibilidad de sus instituciones está en entredicho.
La salida de Boluarte representa el séptimo cambio presidencial en apenas nueve años, una muestra más de la grave inestabilidad política que el país sufre. En un ambiente de desconfianza institucional, los ciudadanos exigen transparencia y soluciones reales.






