El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez ha sido condenado este viernes a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión fue tomada por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en una sentencia que marca un hito en la historia judicial del país.

La lectura del fallo comenzará a las 14:00 horas locales (21:00 en España), donde la magistrada confirmará que Uribe deberá cumplir 12 años en detención domiciliaria, pagar una multa superior a 3.400 millones de pesos colombianos(alrededor de 822.000 dólares) y quedará inhabilitado durante más de ocho años para ejercer cargos públicos.

Este caso se remonta a más de una década y tiene como origen una investigación sobre presunta manipulación de testigos para desacreditar a opositores políticos. El expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, ha mantenido su inocencia, alegando que fue víctima de una persecución política y mediática.

La jueza Heredia consideró que existían pruebas suficientes de que Uribe presionó y sobornó testigos a través de terceros para cambiar declaraciones que lo vinculaban con grupos paramilitares. Las maniobras habrían sido orquestadas con ayuda de su abogado Diego Cadena, también procesado en este caso.

La condena, dictada en primera instancia, aún puede ser apelada. Sin embargo, representa un golpe sin precedentes a la figura de un expresidente en Colombia, especialmente uno que sigue siendo influyente en sectores políticos y sociales.

La noticia ha generado una oleada de reacciones. Mientras simpatizantes del Centro Democrático acusan una “decisión injusta y politizada”, líderes de la oposición celebran el fallo como “una victoria del Estado de Derecho”.

Analistas consideran que esta sentencia tendrá un profundo impacto en el panorama político nacional, especialmente de cara a las próximas elecciones, y podría reconfigurar alianzas dentro del Congreso y las élites políticas.

Con esta decisión, Colombia se suma a otros países latinoamericanos donde expresidentes han enfrentado serias consecuencias judiciales, lo que vuelve a abrir el debate sobre la independencia de la justicia y la rendición de cuentas.