El jueves 21 de agosto fue marcado por dos atentados violentos en Colombia, que dejaron al menos 18 personas muertas y más de 40 heridas, atribuidos por el gobierno a disidentes de las FARC.
El primero tuvo lugar en Cali, donde un camión cargado de explosivos detonó cerca de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ocasionando decenas de víctimas entre civiles que transitaban por la zona.
Luego de dos fuertes explosiones que sacudieron el sector de la Base Aérea, a la altura de la carrera 8 con calle 53, al parecer la comunidad y las autoridades lograron la captura de un posible sospechoso.
La situación es caótica a esta hora en Cali. pic.twitter.com/eKHOpxzbP0
— Entérate Cali – Noticias Cali (@EnterateCali) August 21, 2025
Horas antes, en Amalfi, Antioquia, un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía, que participaba en una operación antinarcóticos, fue derribado mediante un ataque con dron o disparos, lo que causó la muerte de 12 agentes y dejó varios heridos.
#ATENCIÓN. Se conoce video del momento en el que es derribado por un drone, helicóptero de la Policía en el mpio/Amalfi (Antioquia). Autoridades informaron que hay un saldo de seis miembros de la Fuerza Pública fallecidos y por lo menos siete lesionados.
En desarrollo… https://t.co/SP3TpgQ9SU pic.twitter.com/PHGr1TIhAB
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 21, 2025
El presidente Gustavo Petro responsabilizó de los ataques a facciones disidentes de las FARC que no aceptaron el acuerdo de paz de 2016, señalando que esas organizaciones actúan con tácticas terroristas para desestabilizar al Estado.
Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi.
La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025
Las reacciones fueron inmediatas: la alcaldía de Cali activó protocolos de emergencia y ofreció una recompensa de 400 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables. La ONU también condenó los ataques, y el Gobierno anunció medidas contundentes para desmantelar estos grupos.
El derribo del helicóptero con un dron agrava la preocupación por el uso creciente de tecnologías en manos criminales. Desde abril se han registrado más de 300 ataques con drones a fuerzas del orden en zonas con cultivos de coca.
Este fatídico día evidencia la persistencia de los grupos armados ilegales y la complejidad del conflicto posacuerdo en regiones remotas del país. El Ejecutivo insiste en fortalecer la seguridad y avanzar en un proceso de paz efectivo que permitan restaurar la tranquilidad de los ciudadanos.
