España. – El Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles el proyecto de ley del Gobierno para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts han salido adelante, lo que impide que la norma continúe su tramitación parlamentaria.

Esta medida era una de las principales apuestas del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, y contaba con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO. Según esos sindicatos, alrededor de 12 millones de trabajadores se verían beneficiados si se aprobara la reducción de jornada.

Los partidos que han impedido su aprobación alegan preocupaciones sobre su viabilidad económica. PP ha indicado que la medida «está demasiado impregnada de ideología» frente a la realidad del tejido productivo español y que podría afectar la competitividad, especialmente de empresas pequeñas. Junts, por su parte, ha señalado que la reforma, tal como está planteada, podría «disparar» los costes para las pymes catalanas.

En respuesta, Yolanda Díaz ha condenado el rechazo en el Congreso como una “derrota parlamentaria dolorosa” y ha asegurado que el Gobierno volverá a intentarlo, ya sea mediante otra iniciativa legislativa o, si fuese necesario, vía decreto. También ha llamado la atención sobre lo que considera una falta de voluntad de algunos partidos para debatir la norma, acusándolos de negarse incluso al debate.

Los sindicatos han convocado movilizaciones en varias ciudades tras el rechazo, denunciando que los votos contrarios suponen un bloqueo a lo que consideran un derecho social, no solo laboral. En Alicante, por ejemplo, trabajadores se concentraron frente a la entidad empresarial de la zona para exigir que la jornada sea reducida sin pérdida salarial.

Además, UGT ha criticado argumentaciones de la patronal que afirman que la norma implicaría costes insostenibles, y ha recordado ejemplos de convenios en sectores como hostelería o comercio que ya manejan jornadas similares sin colapso económico. Por su parte, la patronal ha mantenido que el control horario y posibles sanciones incluidas en el proyecto podrían presionar más a empresas ya ajustadas.

Expertos señalan que aunque la jornada media pactada en convenios se ha acercado a las 37,5 horas en algunos casos —38,3 horas en la media general hasta agosto—, el cambio legal permitiría homogeneizar derechos y reducir brechas entre sectores, especialmente aquellos con mayor precariedad. La caída del proyecto supone de momento una paralización formal, pero el Gobierno insiste en mantenerlo como una de sus promesas sociales.