Venezuela. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que al menos 22 presos por razones políticas han muerto bajo la custodia del régimen de Nicolás Maduro desde 2015 hasta la fecha. Estas muertes, según el OVP, reflejan un patrón sistemático de abandono y violaciones a los derechos humanos.
Desde marzo de 2015 hasta noviembre de 2024, fallecieron al menos 20 detenidos políticos, incluyendo figuras como Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo y Salvador Franco. Posteriormente, se sumaron los casos más recientes, como Reinaldo Araujo (febrero 2025) y Lindomar Amaro (mayo 2025), elevando el número a 22 fallecidos confirmados bajo custodia del Estado.
Las causas principales de las muertes apuntan a negligencia médica, desnutrición, ausencia de atención oportuna y condiciones de detención infrahumana, especialmente en penales gravemente hacinados como Tocorón o Tocuyito.
El informe del OVP subraya que en torno al 154 % de hacinamiento se registra en casi 38 cárceles operativas de las 52 existentes en Venezuela, lo que potencia la crisis carcelaria y el colapso de la atención sanitaria.
#InformeAnualOVP 149 muertos bajo custodia del Estado en 2024: el sistema penitenciario se consolida como herramienta de represión, tortura y muerte. https://t.co/NZfc1Yz7O9
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) July 21, 2025
Organizaciones internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional, HRW y OMCT han exigido públicamente al régimen el fin de la detención arbitraria, garantizar la integridad física de los presos políticos y su liberación inmediata.
Familiares de los fallecidos han relatado que en muchos casos los presos presentaban enfermedades diagnosticadas tardíamente o mal notificadas, como hepatitis, dengue o complicaciones cardíacas, mientras que no se les permitía el acompañamiento ni atención médica adecuada.
El caso de Jesús Manuel Martínez Medina fue emblemático: murió en noviembre de 2024 por complicaciones derivadas de diabetes tipo II y problemas cardíacos, presuntamente agravados por necrosis en sus extremidades, atribuidos a las condiciones de detención.
Reinaldo Araujo, el más reciente en febrero de 2025, falleció tras un cuadro cardiaco y carecer de atención médica adecuada en el hospital, lo que desató nuevas denuncias y llamados urgentes por su caso.
Lindomar Jesús Amaro Bustamante, detenido tras las protestas postelectorales de 2024, fue reportado en mayo de 2025 como suicidio en Tocorón, después de vivir tratos crueles y sin acceso a atención psicológica ni familiar, en condiciones gravemente inhumanas.
El OVP insiste en que estas muertes reflejan una política sistemática de represión en Venezuela, donde la salud de los presos políticos no es salvaguardada y las cárceles se convierten en espacios de riesgo mortal por negligencia estatal.
